En los últimos meses se han evidenciado en León y en El Bierzo diversos síntomas de un malestar social complejo y solo comprensible en el largo plazo. El constante declive socioeconómico de una provincia otrora fuerte en torno a sectores como la minería del carbón, la agricultura y la ganadería, así como una crisis demográfica galopante (casi la mitad de la pérdida de población de toda la comunidad autónoma de Castilla-león en 2019 corresponde a la provincia leonesa 1/) son factores que explican solo en parte dicho malestar. Además de esto, la sociedad leonesa percibe estos marcadores como el resultado de asimetrías profundas y persistentes que no se agotan en una explicación coyuntural: la situación socioeconómica se conecta en cierta relación de causalidad con la estructura territorial producida bajo los auspicios y las necesidades del régimen del 78. No en vano, la reacción social leonesa frente al escenario descrito tiene un complemento territorial; a la moción inicialmente aprobada por el ayuntamiento de la capital leonesa en favor del autogobierno se han sucedido a día de hoy cerca de treinta mociones más en otros municipios y otros tantos acuerdos similares en diversas juntas vecinales a lo largo de la geografía de la región, a pesar de las presiones de los aparatos de partido provenientes de Madrid. Debe recordarse que, por razones de Estado, el mapa autonómico actual se impuso coercitivamente 2/ durante la Transición contra la reivindicación mayoritaria del cuerpo social leonés, cuyo impulso territorializador contemporáneo no es nuevo sino que ha cristalizado en forma de acontecimiento en varias ocasiones desde el juntismo antinapoleónico hasta el proceso autonómico leonés, pasando por la República Federal de 1873 o el Conseyu Soberanu d’Asturies y Llión de 1937. Esta constante histórica tiene un último hito en la manifestación del 16 de febrero de este año, que congregó a cerca de ochenta mil personas en el espacio público 3/ y que recordó la manifestación pro autogobierno de 1984 presente en la memoria colectiva leonesa como un momento emblemático en su historia reciente.

Así, a pesar de que esta insatisfacción social es compleja, transversal, mayoritaria, tiene raíces históricas y abarca tanto cuestiones socioeconómicas como territoriales, su recepción mediática se inclina mayoritariamente por la desproblematización. Lo mismo cabe decir de los discursos políticos, aunque estos implican ciertas variaciones. Desde la derecha se censura el debate social acerca del territorio identificándolo, en un esquema patrón, con la demagogia y el populismo, además de incluir otra serie de argumentos como las invariables apelaciones a la unidad, la caricaturización 4/o la reducción del problema a un asunto sentimental. Desde la izquierda estatal la despolitización del territorio suele asentarse en discursos economicistas en tanto consideran que no hay crisis territorial o que en todo caso es una determinación ulterior de las relaciones de producción que se solventaría apelando al paradigma redistributivo. Todos estos discursos comparten una característica: la rigidez y la simplificación de la realidad. Convergen en la exclusión del territorio de la agenda política desde el sobreentendido de que las complejas concreciones territoriales en las que nos desenvolvemos cotidianamente son autoevidentes o incuestionables. El territorio, de acuerdo con estos discursos, sería una determinación natural, inerte y desvinculada de la vida social. Así pues, la visión hegemónica trivializa la cuestión de la crisis territorial leonesa y responde a lo que muchos geógrafos críticos designan como la cosificación del territorio (Harvey, 2017: 199) en un episodio más de lo que la moderna crítica ideológica definiría como una apelación al grado cero de la ideología o a un supuesto sentido común cuando, en realidad, la asunción de que el territorio debe quedar excluido de la disensión en democracia es, en sí misma, un posicionamiento ideológico específico. Escapar de la lógica de la territorialidad es tan fútil como escapar de la política misma. En las líneas que siguen me propongo salvar la discontinuidad que existe entre la experiencia social leonesa y el relato oficial argumentando la necesidad de re-politizar el territorio.

El territorio. Poder y significado

David Delaney, autor vinculado al Amherst College, Massachusetts, aborda el significante territorio desde diversas perspectivas. En primer lugar, la palabra territorio es un sustantivo, circunstancia que facilita su desactivación política. Sin embargo, para tomar distancia crítica respecto a esta desactivación, Delaney propone perspectivas sintácticas diferentes. Así la territorialidad que, a diferencia del territorio, se refiere a las relaciones existentes entre los territorios y determinados fenómenos sociales. Hablar, por ejemplo, de la territorialidad del racismo en EE UU nos permite discernir las implicaciones constitutivas de las estructuras territoriales a través de las cuales el racismo funciona y es experimentado. La territorialidad implica entonces una aproximación dialéctica al territorio por cuanto que este no sería lo que es en sí mismo (cosificación) sino lo que es en relación a determinados procesos sociales sin los que las fronteras, raciales o de cualquier tipo, no se entenderían.

Delaney centra también el foco en el verbo territorializar, lo que acentúa la caracterización de la territorialidad como una acción y de los territorios como productos de esa actividad. El verbo implica, a su vez, un sujeto que involucra al territorio en su relación con los otros, y un objeto. En definitiva, territorializar sería desplegar el territorio en un contexto particular, asociando fenómenos o entidades a un espacio delimitado y elocuente o productor de significado.

Por lo tanto, cualquier territorio en general (el Estado español, y por extensión Castilla-león, no son una excepción) resulta indisociable de dos aspectos fundamentales de la vida social: el poder y el significado. Poder, significado y espacio, pensados en tensión dialéctica, son las categorías cuya constelación da lugar al territorio y nos permiten definirlo, así como desvelar sus implicaciones materiales y semánticas. Bajo esta premisa se debe señalar que cuestionar el territorio no es solo cuestionar el territorio salvo que caigamos en la trampa de su fetichización. Cuando se cuestiona un determinado territorio se pone en crisis la constelación completa a la que acabamos de referirnos. Es también un desafío a su significado y a la legitimidad del poder o de la autoridad para proyectarlo en el espacio (Delaney, 2005).

Como señala Jaime Pastor (2014: 22 y 23), frente a los relatos mitológicos asociados a los Estados liberales europeos según los cuales estos se habrían conformado pacíficamente por la progresiva extensión de la nacionalidad y la ciudadanía a estratos cada vez más amplios de la clase trabajadora y las mujeres, lo cierto es que todos ellos se asientan en diversos grados de limpieza étnica en contextos sociales marcados por la fragmentación y la diversidad, tal y como desarrolla el sociólogo Michael Mann en su obra El lado oscuro de la democracia. En todo caso, lo que interesa destacar es que los procesos de agregación nacional se han construido en un proceso histórico conflictivo y que sus resultados están constituidos por relaciones de poder; esto significa que, aplicando los términos expresados por Chantal Mouffe (2000: 38), la génesis de dichos Estados no se comprendería sinlos actos de exclusión que rigen su constitución8. Es en este campo conflictivo en el que el territorio ha jugado un papel determinante en los últimos doscientos años (el plan provincial de Javier de Burgos inaugura su eficacia en 1833); y es también en él donde se codifican las prácticas territorializadoras típicamente modernas con el objetivo de producir formas territoriales carentes de ambigüedad, inmutables y seguras. De esta forma, el territorio se convirtió en un recurso (poder-significado) para simplificar y clarificar a su vez nociones como la legitimidad política, la soberanía o los derechos de las personas (Delaney, 2005) en un espacio social caracterizado por la fragmentación política y la diversidad antropológica. En el caso francés, por ejemplo, André Gregoire señalaba que no eran ni tres millones de franceses (de un total de 28 millones en 1794) los que hablaban la lengua francesa. Un contexto adverso para la ficción nacional que hace que el concepto de nación sea difícil para la mayoría de ciudadanos, agrupados en diversas comunidades de carácter más o menos premoderno, asentadas en el espacio y definidas por cierto grado de cohesión lingüística y cultural. La resistencia variable de estas comunidades, pueblos, demoi, frente al poder del Estado ha ido definiendo un paisaje marcado por la plurinacionalidad, que sigue siendo hoy uno de los vectores de litigio político más relevantes junto a las cuestiones de clase, sexuales y de género.

Para instrumentalizar el territorio en el sentido antedicho, los Estados tuvieron que recurrir a una teoría del espacio y del tiempo absolutos, así como a prácticas cartográficas y a modos consecuentes de producción del conocimiento geográfico. El espacio, entendido bajo la teoría absoluta, es un receptáculo inmutable y preexistente a procesos y sujetos. Es el espacio de Newton y Descartes, res extensa. En una imagen que nos proporciona David Harvey (2017: 156 y 157), la concepción absoluta del espacio se puede visualizar como una cuadrícula de coordenadas mediante la cual objetos y sujetos pueden identificarse con claridad por un procedimiento sencillo: a través de la localización única que ocupan en el espacio y en el tiempo. Esta teoría permite eliminar ambigüedades tales como la diversidad orográfica, económica, lingüística y cultural; el reduccionismo implícito en esta concepción espacial es una nota común a todos los procesos de construcción nacional, caracterizados, conviene insistir en esta idea, por una búsqueda activa de la homogeneización sobre el patrón de representación social dominante y por la reestructuración de la relación entre identidad cultural, poder y experiencia (la de los individuos y grupos humanos implicados).

Castilla-león y el proceso de construcción nacional español I

Tenemos hasta ahora dos premisas: en primer lugar, el carácter conflictivo del proceso de construcción del Estado nacional español con buenas dosis de limpieza étnica y epistemicidio y, en segundo lugar, la importancia nuclear de las prácticas territoriales como arma del Estado nacional en el seno de este proceso y cuya principal virtud es que respecto a cuestiones como la soberanía, la identidad cultural y los derechos sea el territorio el que las piense en nuestro lugar. Ahora vayamos por la tercera premisa: que el territorio Castilla-león se subroga en los mismos fines y procedimientos puestos en juego por el Estado nacional. Para sostener dicha premisa acudiré a un caso singular entre muchos, el de la Fundación Villalar Castilla y León (hoy Fundación Castilla y León) que, por su carácter, puede operar como paradigma: es ”la mera exhibición del caso paradigmático la que constituye una regla” (Agamben, 2010: 28). Creo que este caso singular contiene el «eidos» de la concepción absoluta del espacio y de las prácticas territorializadoras del proceso de construcción nacional en su mutación autonómica: la Fundación Villalar declara reiteradamente entre sus objetivos el de “generar identidad” 5/. Este objetivo y el uso explícito del término «generar» conllevan una concepción absoluta del espacio social en la medida en que instauran la ficción de que el espacio social leonés es un vacío (anima nullius) 6/. O mejor dicho, hay un vaciamiento, una amputación social implícita en el programa de generación de identidad, como si de la implantación de una prótesis se tratase, como si el grupo leonés fuera una casilla en blanco cuya identificación se agotase a través de su localización formal en las coordenadas cartesianas. Muy al contrario, el espacio social leonés no está vacío de instancias de significación e identificación, decantado de prácticas, relaciones y experiencias sociales autóctonas, muchas de ellas antineoliberales y premodernas, que abarcan concepciones particulares del espacio y de la comunidad política, formas peculiares de propiedad de la tierra 7/, presencia de fuertes mecanismos de solidaridad comunal, nociones particulares de valor y de interacción económica, cultura de cohesión y resistencia obrera en torno a la comunidad minera 8/, formas históricas de sindicación agraria local 9/, diversidad comarcal y dos lenguas romances de las cuales una está privada de toda protección institucional a pesar de que todos los indicadores objetivos la sitúan en peligro de extinción dentro de un proceso secular de sustitución cultural y de destrucción de capital simbólico 10/. Aunque este artículo no puede detenerse en cuestiones sociolingüísticas, a todo este proceso subyace una caracterización de las lenguas como organismos biológicos que justificaría su desaparición; una interpretación manifiestamente encuadrable en la noción de darwinismo social que esconde la realidad: las lenguas mueren porque sus hablantes son discriminados y violentados. Retomando el hilo de esta tercera premisa, el espacio social leonés atesora prácticas, relaciones y experiencias que integran la clase de procesos sociales concomitantes con el acceso a la autoridad política asociados a nacionalidades y regiones que suele articularse jurídica y éticamente mediante el derecho de autodeterminación. Estas prácticas sociales apegadas al lugar serían, precisamente, el objeto de los actos de exclusión que comporta el proceso liberal de agregación nacional español; su exterior constitutivo, aquel sin el que las configuraciones territoriales en curso, elocuentes, productoras de un significado particular, no se entenderían. Su detección es un interdicto frente a su cosificación o despolitización.

En definitiva, el paradigma Fundación Villalar es un signo más del ciclo poder-significado-espacio=territorio y permite enunciar como regla la transferencia equivalente entre la territorialidad del Estado nacional y la del marco autonómico, supuestamente descentralizado, representativo y legitimado democráticamente. Se evidencia así, a través del paradigma Fundación Villalar, que la función del territorio Castilla-león consiste en naturalizar la clase de simplificaciones y clarificaciones inspiradas en la teoría absoluta del espacio y en la consiguiente restricción del acceso de los pueblos a la autoridad política, sus recursos y productos.

Castilla-león y el proceso de construcción nacional español II

Por otro lado, la dimensión territorial del proceso descrito no se entendería completamente sin la concurrencia del capitalismo. De acuerdo con el planteamiento de Charles Tilly (1990: 40), el Estado Moderno se desarrolla en una relación de interacción con el capitalismo 11/: el príncipe, el Estado, tendrá cierto programa político. Llevarlo a cabo requerirá gran cantidad de recursos para financiar la actividad diplomática y la guerra. A tal fin, el Estado se apoyará en los manipuladores de capital. A su vez, estos sujetos se van a apoyar en el poder coercitivo del Estado, capaz de garantizar las condiciones, monopolísticas o cercanas al monopolio, favorables a dichos procesos acumulativos, así como el flujo de excedentes, personas y recursos desde la periferia al centro. En el contexto geográfico que nos ocupa, el mix de capital y coerción eficaz ha girado en torno a una alianza secular entre los gobiernos de Madrid y la propiedad agraria de la cuenca del Duero, ya señalada por diversos autores, entre otros Anselmo Carretero, como sujeto territorializador, esto es, como sujeto que involucra al territorio en sus relaciones con los otros. Esta clase agraria acumula capital, precisamente, sobre la base del proteccionismo o la vía nacionalista del capitalismo español desde finales del siglo XIX. Las manifestaciones de esta alianza son muchas, pero hay una especialmente significativa: a partir de la entrada en vigor del Arancel de 1891 (Robledo Hernández, 1986: 68 y ss.) el valor del producto agrario creció en Castilla un 45% hasta 1931 mientras que los salarios campesinos se estancaron. Esta circunstancia explica la huelga de braceros de 1904 en Tierra de Campos; frente a la huelga, los propietarios van a tener también todo el apoyo del aparato del Estado.

La idea clave de este punto es que la forma del conocimiento geográfico es indisociable de su base social. Marx, una vez más, reconocía que la acumulación de capital se produce en un contexto geográfico y que a su vez produce tipos específicos de estructuras geográficas. Precisamente desde finales del siglo XIX, medios periodísticos, académicos y políticos castellanos aglutinados en torno a la mencionada propiedad agraria, irán consolidando una forma particular de imperativo territorial cuya expresión política será un regionalismo castellano marcadamente elitista, antipopular y anticatalanista. Este imperativo territorial interiorizará las necesidades de los procesos locales de acumulación de capital y acometerá las intervenciones necesarias para modelar los valores de uso relevantes para su actividad económica. Por ejemplo, uno de los primeros indicios de territorialidad vinculados a esta asociación de capital y coerción será el inicio de la obra pública hidráulica que a los leoneses nos es tan familiar y del que la construcción del pantano de Riaño, incluido en el Atlas mundial de justicia ambiental como uno de los procesos de expropiación forzosa más traumáticos 12/, es solamente el último episodio. En suma, esta necesidad de control sobre los flujos de materias primas, energías y personas determinará la producción de cierto tipo de conocimiento geográfico. Este conocimiento geográfico, confeccionado al paso de los procesos de acumulación de capital que gravitan sobre la cuenca del Duero, implica la marca de poder y significado sobre el espacio, lo que vale tanto como decir que implica determinaciones territoriales cuya última versión es el ente Castilla-León. Ante ciertos acontecimientos el pasado se ilumina como en un relámpago: recientemente, la Junta de Castilla y León ha sugerido la construcción de nuevas presas en León para garantizar el riego y el abastecimiento de agua frente al desafío que el cambio climático representa para su modelo productivo 13/.

Hay además conceptos espaciales clave inherentes a esta marca territorial como los de centro y periferia desde la perspectiva del impulso territorializador. Esta delimitación centro-periférica es uno de los rasgos más relevantes de la dimensión territorial de los procesos de acumulación de capital. La caracterización de las relaciones centro-periféricas como opresivas se fundamenta en que determinan escenarios de desarrollo geográfico desigual en la forma de una particular división regional del trabajo, conforme a la cual las relaciones de producción serán tanto más coercitivas cuanto más periférica sea su localización. La terciarización del trabajo, especialmente asociada a la precariedad laboral, será una característica más acusada en la periferia que en el centro, así como peores niveles de renta per cápita. A su vez, la opresión de género se verá agudizada en contextos de precariedad laboral 14/ tanto en términos de brecha salarial como de violencia machista 15/. El acusado envejecimiento de la población intensifica también la división sexual del trabajo asistencial. La emigración como penalización en el acceso al empleo será igualmente más acusada en la periferia. Un modelo productivo de escasa agregación de valor basado en la explotación de recursos naturales no renovables también es un rasgo periférico y el deterioro medioambiental será mayor en función de la percepción relativa de las restricciones medioambientales por parte de un centro distante. Por ejemplo, hasta hace poco, las tres centrales térmicas de León y El Bierzo emitían el 70% del CO2 de toda la comunidad autónoma 16/. La percepción relativa del centro distante se comprende mejor a través de la reciente concesión de autorización ambiental para la quema de neumáticos en la planta que la Cementera del Bierzo tiene en Toral de los Vados 17/, en términos especialmente conflictivos con su dimensión local. La percepción en el lugar es sin duda más objetiva en la valoración de los riesgos medioambientales que la que se haga en la consejería de una comunidad autónoma integrada en el Estado competitivo y en la racionalidad neoliberal. En suma, todos los rasgos demográficos, económicos y medioambientales característicos de la opresión centroperiférica se han ido intensificando en León a lo largo de los últimos cuarenta años y sobre todo, se han estructurado sobre un artefacto: el tipo de conocimiento geográfico reunido a través del proceso descrito por agentes sociales muy concretos. Un conocimiento geográfico que es un constructo social, que es contingente. Es así pero podría ser de otra manera en función de la variación del contexto ideológico, ético y cultural.

En conclusión, puede establecerse cierta continuidad entre la clase agraria castellana del primer tercio del s. XX y la conciencia gestora autonómica en Castilla y León, entre pasado y presente, también desde esta perspectiva, que confiere mayor protagonismo a las consecuencias territoriales de las relaciones de producción: el impulso territorializador del Estado nacional no es independiente de los procesos económicos, sino que se explica a través de las distintas combinaciones de coerción y capital, de dominación y explotación, de identidad y alteridad. O, dicho de otra forma, “la historia del capitalismo no puede ser sino una historia económico-institucional; […] y no solo de la figura única dictada por la lógica de acumulación de capital”. La actividad económica se ejerce en el marco de una estructura social construida (Laval y Dardot, 2013: 102).

A lo dicho se podría objetar que entre la clase propietaria de la cuenca del Duero de principios del siglo XX y la conciencia gestora autonómica actual hay una cesura insalvable que inhabilita la conexión histórica, pero cualquier versión no idealizada del proceso de reforma política del 78 señala acertadamente como uno de sus principales objetivos la continuidad del bloque de poder dominante (Garcés, 1996: 213 y ss.), lo que vendría a matizar la asunción de la discontinuidad, reconociendo, no obstante, la diversificación de los intereses de este bloque dominante hacia sectores como la construcción, el rentismo inmobiliario-financiero, las corporaciones sanitarias y educativas, etc. Por lo tanto, la demarcación autonómica actual se explicaría en la continuidad de ese bloque dominante y respondería, con sus correspondientes matizaciones, a su base social y a los procesos de acumulación y concentración de capital que protagoniza.

En cuanto a la función del territorio hay que insistir en que éste es siempre un diseño, representación social del espacio, espacio determinado y espacio de determinación vinculado a unidades políticas, procesos económicos, clases sociales y a la acción de sujetos individuales y colectivos. Es un ámbito de dominación, explotación y de resistencias tras del que siempre hay procesos de identificación y representación de la identidad. En definitiva, no hay territorio sin sujeto de esta apropiación y tampoco hay territorio sin un Otro (Segato, 2007:72). A contrario sensu, la cosificación del territorio, su extracción de la agenda política, es una toma de partido, consciente o inconsciente, por la dominación y la explotación. Por ambas, pues es difícil concebir una forma de dominación en estado puro o que únicamente encontrara su razón de ser en sí misma. La dominación atañe a cuestiones semánticas, vinculadas al ámbito en el que se establece la relación entre formas simbólicas y estados de cosas, en los términos acuñados por Wittgenstein. Como vimos, una de las implicaciones constitutivas de la territorialidad moderna es de orden semántico. La propuesta es que el territorio, en tanto artefacto significativo o elocuente acerca de la identidad, la soberanía y los derechos individuales y colectivos, forma parte fundamental del dispositivo de dominación y se articula en relación instrumental con la explotación, que por su parte tiene una dimensión material o económica. Que, como señala David Harvey, “las relaciones de poder están siempre implícitas en prácticas espaciales y temporales” (1998:250). La trascendencia del territorio en este sentido es bien comprendida por la derecha y su cosificación es ideología a toda máquina.

III. Dimensión popular del proceso político leonés

La configuración territorial que arroja la Transición responde a los rasgos característicos de la democracia de consenso. En particular, al monopolio del Estado en la definición de lo común y la reducción de la democracia a la interacción entre mecanismos estatales y grupos de intereses diferentes y bien delimitados, con la consiguiente exclusión de la contienda del pueblo y la consideración del orden social como no contencioso sobre la base de una definición de la nación normal en torno a la idea de cohesión y vertebración (Delgado, 2014). El territorio Castilla-león, creado ex novo, bien delimitado en 1983, responde a dicho modelo y a dicho contexto histórico. A grandes rasgos, conviene destacar que el único impulso al proceso autonómico en Castilla-león fue de tipo estatal y se articuló, como hemos visto indiciariamente, sobre las viejas estructuras de poder oligárquico con el objetivo de “cerrar el paso al proceso histórico de reapropiación del protagonismo colectivo por los distintos pueblos ibéricos” (Pastor, 2014: 168).

Esta clausura solo ha sido posible a través del instituto de la representación política. Por definición, la re-presentación es la ausencia de lo representado. En el caso del proceso autonómico castellano-leonés va a ser la Asamblea de parlamentarios de Castilla-León reunida en Valladolid la que inicia de oficio dicho proceso el 31 de octubre de 1977 (Díez Llamas, 2014: 101y ss.) frente a una contestación popular leonesa en torno a la necesidad de un referéndum, abrumadora pero inútil (exclusión de la contienda de pueblo), cuyos ecos llegan hasta hoy.

Este momento genético oficial de Castilla y León, articulado sobre la ausencia total de lo representado, revela un antagonismo fundamental que responde a la reflexión de Alain Badiou (2013: 14) según la cual pueblo se ha convertido, por obra y gracia de las formas representativas del poder, en una categoría del derecho del Estado. Por el acto del voto, el pueblo, comunidad atomizada, produce la legitimidad necesaria para lo que en sentido amplio puede considerarse la gestión estatal del excedente. Pueblo no constituye bajo esta mirada ningún sujeto político verdadero, sino una suerte de sumisión conforme a la cual el Estado centralista puede y debe perdurar, adaptándose formalmente a las exigencias descentralizadoras abiertas durante el proceso autonómico. En este sentido, la génesis del territorio Castilla-León es un momento de sumisión popular, de desactivación de la instancia antagónica de pueblo como verdadero sujeto político, al menos en León.

Sin embargo, la soberanía popular, incluso como categoría jurídica del Estado al servicio de su legitimación, no se agota en el proceso electoral. El pueblo puede siempre cuestionar resultados y condiciones de estos procesos, así como las decisiones de los electos. La de la Asamblea de parlamentarios antes citada, sin ir más lejos. El pueblo legitima pero a su vez conserva el poder de deslegitimar. Es lo que Judith Butler (2013: 57) denomina principio permanente de revolución dentro del orden democrático. Principio que se expresa por la reunión de los cuerpos congregados. Es, según Butler, más que un acto del habla, más que la enunciación singular de la locución nosotros, el pueblo, la mera congregación de los cuerpos civiles, audible, tangible, expuesta e interdependiente, la que hace el trabajo del lenguaje; supone en sí misma, performativamente, la afirmación de la soberanía popular y declara su independencia respecto al mundo oficial de la representación. Por otro lado, siguiendo la argumentación de Butler, ese acto no podrá producirse al mismo tiempo ni en el mismo lugar sino que se va a inscribir en una cadena de citas y se va a desplegar tanto en el tiempo como en el espacio.

Por tanto, la larga crisis territorial leonesa se activa hoy solo mediante la congregación de cuerpos expuestos e interdependientes a través de una pluralidad de actos en el largo plazo mediante la ocupación del espacio público real y virtual, el revoltijo de la gente anónima: las manifestaciones, la concentración de artículos de opinión, de declaraciones individuales y colectivas, las mociones por el autogobierno en municipios, las votaciones a mano alzada en los concejos, la tensión comunicada a los partidos políticos, órganos paraestatales que vehiculizan el modelo representativo, etc. Esta crisis territorial es el resultado político de una ecuación popular: se despliega a lo largo del tiempo y del espacio y se funda no como reclamo identitarista, al que constantemente se intenta reducir, sino como instancia de antagonismo frente a las formas parlamentarias de poder basadas en el instituto de la representación (de lo ausente). Tiene entonces los ingredientes básicos de toda resistencia territorial propia de un escenario plurinacional: poder (pueblo-reunión de cuerpos civiles), significado (instancia de antagonismo y resistencia desde el exterior constitutivo del proceso de construcción estado-nacional español frente a las formas representativas del poder) y proyección sobre un espacio regional más o menos delimitado. Si las relaciones de poder están siempre implícitas en prácticas espaciales y temporales es consecuente que las lógicas de resistencia también lo estén, como en un espejo. En todo caso la crisis territorial leonesa en la dimensión popular que cobra hoy, opuesta al modelo social y territorial oficial, es, además, una irrupción plenamente política porque interrumpe la lógica automática y natural en virtud de la cual la aritmética del intercambio mercantil y la riqueza (en este caso, de la oligarquía territorial) se supone idéntica a la dominación, a la estructura social construida. Este automatismo es el que late tras el modelo autonómico vigente y su interrupción se efectúa mediante la institución popular de la parte de los que, merced al orden de la representación, no tienen parte en nada, (Rancière, 2012: 21). La verificación enunciativa nosotros, el pueblo es el tipo de conflicto que interrumpe la escena de la representación, que “desestabiliza su aptitud simbólica” o componedora de tendencias en pugna (Esposito, 2012: 14). Es en este sentido que la crisis territorial en curso presenta su legitimación en su dimensión popular.

IV. Identidades y derechos. Perspectivas de articulación

Desde la premisa de que la actividad económica se ejerce siempre en el marco de una estructura social construida (Laval y Dardot, 2013: 102), es necesario articular territorio y procesos de acumulación y concentración de capital, de dominación y explotación.

Este contexto de articulación es accesible a la formación de un bloque social y plurinacional antagónico al Régimen del 78 en todo el Estado. El avance hacia un federalismo plurinacional y solidario es una oportunidad real para un proceso de profundización democrática que ponga en crisis el modelo territorial y a través de él la legitimidad del poder que lo sustenta, su significación y sus consecuencias sociales y ecológicas pero esto exige necesariamente una agenda de reconocimiento de los pueblos del Estado y de su derecho a la autodeterminación.

Aquí nos encontramos con algunas dificultades. La primera se da al interior de los pueblos, especialmente en aquellos que no están en condiciones de igualdad respecto a la identidad patrón pues en ellos la dominación nunca habla de sí misma y debe siempre ser desvelada. Aquí, la cosificación del territorio, la acción clientelar de las élites regionales de poder y los dispositivos de inclusión simbólica de los dominados son aún fuertes pese al descontento popular y a los recientes conatos de desbordamiento. El esfuerzo de las pequeñas organizaciones soberanistas leonesas debe persistir en la repolitización del territorio, en la demanda de reconocimiento y de democracia radical y social en la definición de las relaciones del pueblo leonés con los demás pueblos del Estado.

De otra parte, respecto a la izquierda española, la mencionada re-politización y la posibilidad de una agenda de reconocimiento está en entredicho debido, en mi opinión, a un internacionalismo mal entendido y a la prevalencia de una cultura política asentada en formas de interpretación monista de la explotación y la dominación, así como en la caracterización de las demandas nacionales de reconocimiento como una ruptura insolidaria de la unidad de clase. En relación al modelo de interpretación monista hay que señalar que la relación capital-salario no es el único campo de disputa por el poder. Es el análisis contenido en El 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx el que suscita la idea de que las clases se forman parcial y temporalmente o de forma definida y permanente como resultado de las luchas concretas de las gentes concretas en la disputa por cada uno de los ámbitos de poder y que, por tanto, las clases no son categorías ahistóricas o apriorísticas anteriores a todos estos conflictos, hormas a las que deberían acomodarse los deseos, preferencias y decisiones de los sujetos colectivos, en Catalunya, en Córcega o en León, sino su resultado. Desde esta perspectiva, el poder sería un complejo de relaciones de explotación, dominación y conflicto entre las gentes por el control no solo del trabajo sino de la naturaleza, del sexo, de la subjetividad y de la autoridad y los recursos y productos de cada uno de estos ámbitos (Quijano, 2014: 84 y ss.). El poder, así entendido, determina formas variables y complejas de experimentar la opresión y la resistencia; este planteamiento original de Quijano remite inmediatamente al marcointerseccional. Patricia Hill Collins y Sirma Bilge hacen una recopilación de estos principios que se puede encontrar, junto a una interesante reflexión sobre la praxis interseccional y su relación con la justicia social, en viento sur, nº 167: “Repensar la democracia”, de Jone Martínez Palacios 18/.

En ocasiones incluso, estos marcos interpretativos monistas de la dominación/explotación, elusivos con el poder, apenas servirán de coartada para ejercer directamente una opresión en términos de identidad nacional ya que el hecho de que uno no ejerza de opresor en relaciones de clase no excluye que lo haga en otros rangos de opresión, en ámbitos sexuales y de género, raciales, epistémicos, etc. Esta agenda de reconocimiento se torna entonces en un campo más de litigio político, atravesado por el desacuerdo. En palabras de Jacques Rancière el desacuerdo concierne menos a la argumentación que a lo argumentable; las estructuras del desacuerdo son aquellas en las que la discusión remite al litigio no solo sobre la discusión sino, fundamentalmente, sobre la calidad de quienes hacen de él un objeto. Esto significa que las partes de la discusión no son preexistentes al litigio puesto que el litigio es en sí una disputa sobre la cuestión de la palabra misma, sobre la cuenta por la cual una «phone», emisión sonora de la voz, es entendida como palabra, es decir, expresión apta para deducir el ámbito de lo justo y lo injusto en términos territoriales, o como ruido que solo expresa dolor y placer fuera de las marcas nacionales históricamente normativas o ya incorporadas al reparto autonómico de lo sensible. Es desde la posición de afirmación y validación del patrón de la nación dominante desde la que una phone particular es desechada como palabra apta y desde donde la calidad de quienes hacen objeto de litigio de su dimensión nacional-cultural y de sus derechos colectivos es minorizada. La consideración de las actuales configuraciones territoriales como autoevidentes es la forma antipolítica de estabilizar nociones sobre la identidad, el poder, el significado y sus consecuencias materiales.

Creo que, sobre estos puntos oscuros, las organizaciones de izquierda en Castilla y en España, fuertemente influidas por el modelo PCE-IU respecto a la cuestión nacional, así como las organizaciones soberanistas periféricas minoritarias, tenemos cosas que pensar, así como un trabajo por delante arduo pero, a la vez, muy prometedor.

Ignacio Redondo es militante de Agora País Llionés

Notas:

1/ https://www.leonoticias.com/leon/leon-pierde-2000-20200108122727-nt.html

2/ Para una revisión más detallada del proceso autonómico en «Castilla-león» véase Diez Llamas, David (2014) o también Carretero, Anselmo (2001): 615-632. De entre los rasgos coercitivos más significativos del proceso autonómico es de destacar la circunstancia de que el Grupo Autonomista Leonés, escisión del PCE en León por discrepancias con la dirección respecto de la cuestión autonómica, permaneció ilegalizado ni más ni menos que hasta el año 1983.

3/ https://www.ileon.com/actualidad/105387/miles-de-personas-reclaman-en-la-calle-a-administraciones-y-politicos-que-es-el-momento-de-leon

4/ https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-politicos-dedicado-paleto-identidades_0_996700935.html

5/ https://www.diariodeleon.es/articulo/leon/utilizaremos-cultura-como-vehiculo-generar-identidad/201604280400001592399.html

6/ Es llamativo el paralelismo entre la aplicación de esta noción absoluta del espacio como herramienta de vaciamiento semántico en la construcción de la identidad nacional y el convencimiento del papa Pablo III, expresado en su bula Sublimis Deus de 1537, acerca del alma indígena como receptáculo vacío, anima nullius, según cita contenida en Epistemologías del Sur (de Sousa Santos, 2014: 27)

7/ «[…] los comunales en el antiguo Reino de León tienen su origen en la Edad Media. Por delegación de los reyes, en la tierra que se iba recuperando a los reinos musulmanes se establecían grupos familiares. Generalmente, el área geográfica delimitada por los contornos geográficos de un valle natural, pasaba a ser una unidad de propiedad y explotación colectiva agraria y ganadera o ‘concejo’. Por otra parte, la extensión de estas comunidades aldeanas se basó en la existencia de un campesinado generalmente libre, organizado en concejos de vecinos, lo cual históricamente será una de las claves de la pervivencia del comunal en la provincia de León». (https://lanuestratierra.blog/2013/11/27/el-ataque-propiedad-comunal/)

8/ Así, por ejemplo, la MSP, Minero siderúrgica de Ponferrada, prefiguró a principios de los años noventa la lucha del sector minero a nivel estatal llevando a cabo la primera Marcha Negra, en el contexto de las huelgas de 1992, desde Villablino hasta el Ministerio de Industria. La marcha minera a Madrid del año 2012 no hubiera sido posible sin la Marcha Negra de 1992.

9/ El surgimiento en 1977 de la UCL (Unión de Campesinos Leoneses) fue una forma singular y arraigada de sindicalismo agrario leonés que se asocia con las “tractoradas” de los setenta y que desplazará totalmente al sindicalismo vertical. Sus líderes llegaron a ser detenidos en 1979 bajo la Ley Antiterrorista.

10/ El incumplimiento reiterado de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, tratado ratificado por el Estado español, ha motivado que el Consejo de Europa denuncie en sus últimos cinco informes el escaso interés de la administración estatal y autonómica en la protección y promoción del leonés. https://www.eldiario.es/meseta/Movimiento-proteger-ensenar-idioma-leones_6_178542161.html

11/ «[…] los modos en que aquellos que ejercían la coerción, que tuvieron parte principal en la creación de los Estados nacionales, se valieron, para sus propios fines, de manipuladores de capitales, cuyas actividades generaron ciudades. Es claro que había una interacción entre ambos». (Tilly, Charles, 1990: 40).

12/ Atlas mundial de justicia ambiental: https://www.ejatlas.org/conflict/riano-dam-spain

13/ https://www.ileon.com/actualidad/103105/ocho-nuevos-pantanos-y-presas-en-leon-y-aumentar-riano-luna-y-porma-solucion-de-la-junta-contra-el-cambio-climatico

14/ https://www.eldiario.es/cv/opinion/Veronica_Canizares-opinion_6_841025909.html

15/ https://www.ugt.es/el-desempleo-y-la-precariedad-aumentan-el-riesgo-de-violencia-contra-las-mujeres

16/ https://www.ileon.com/actualidad/provincia/079541/las-tres-termicas-de-leon-contaminan-con-el-70-del-co2-de-toda-la-comunidad

17/ https://www.ileon.com/actualidad/el_bierzo/105431/la-junta-oficializa-el-si-ambiental-a-la-polemica-quema-de-neumaticos-en-la-cementera-del-bierzo?fbclid=IwAR3KC36E8udlmc0X2AcJQErAEfxe5dbUMUjevUglQfhFSzl9_3Odbwp0a8Q

18/ https://vientosur.info/spip.php?article13754

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