Este texto propone elaborar una lectura crítica de las relaciones institucionalizadas entre las violencias de géneros y el sistema punitivo utilizando las herramientas analíticas de la literatura crítica acerca de las tentaciones punitivistas a las que ha accedido un sector del movimiento feminista. Las investigaciones de los últimos años han encontrado en esta perspectiva una fuente generosa de problematización de los distintos factores que son convocados para la protección de los derechos humanos de las mujeres por medio del sistema penal.

El transcurso del tiempo en la implementación de las políticas con perspectiva de género ha servido para la construcción de las críticas que este texto retoma, así como para cuestionar la hegemonía de las definiciones instrumentalizadas por el feminismo institucionalizado. Desde otras perspectivas feministas y otras subjetividades se ha desestabilizado ese sujeto hegemónico, liso y universalizante que el derecho penal viene a proteger. Por otro lado, el cuestionamiento acerca de quiénes son los sujetos del feminismo ha provocado el estallido de la categoría misma, permitiendo un distanciamiento teórico de la categoría de género binaria y excluyente con la que funciona el sistema penal en la actualidad. En efecto, las denuncias de violencia institucional ejercida por parte de fuerzas de seguridad, operadores jurídicos, otras agencias de control gubernamental, el feminismo abolicionista 1/ y otros actores, invitan a cuestionar esa mirada desclasada y cándida respecto de las relaciones de las mujeres –con diferentes expresiones de género(s) y de sexualidad– con el poder punitivo estatal. Esta interrupción en el feminismo monologante puede tener la virtualidad de sacudir un poco a quienes creían haber encontrado en la respuesta penal una poderosa herramienta de visibilización y pedagogía contra la violencia de género en general y la trata sexual en particular 2/. La afirmación de Bumiller (2008) parece extensible a contextos distintos del norteamericano cuando señala que las feministas perdieron el control sobre los términos de la disputa política por el reconocimiento de los derechos de las mujeres al confiar en exceso en las medidas penales que debían protegerlas. En efecto, desgraciadamente, las tensiones en la histórica relación de las mujeres –y los (a)normales– con el sistema penal estuvieron ausentes cuando la respuesta punitiva se convirtió en un canto de sirena para determinado feminismo y en condición de posibilidad para su institucionalización. El feminismo institucional ha tenido que ignorar los procesos históricos de criminalización de las mujeres basados en concepciones biologicistas y patriarcales –la prostitución, el adulterio, el aborto, entre otros– porque no cabían en su encorsetada experiencia de victimización (Maqueda, 2015). Y esto trae consecuencias.

Y es que, si bien es cierto que abrazar este punitivismo ha hecho posible la llegada al poder y a las instituciones, no es menos cierto que el precio ha sido elevado –también para el feminismo–, pues la institucionalización se ha hecho a costa de imponer una teoría autoritaria de la experiencia femenina y a costa de realizar un salto semántico del lenguaje de la opresión de las mujeres al de la violencia y la victimización (Pitch, 2003: 127 y 145) 3/.

Nuestra propuesta de reflexión sobre este devenir punitivista del feminismo parte de un análisis de las experiencias desde las que se produce conocimiento y se pautan las intervenciones contra la violencia de género a nivel institucional, y realiza una crítica a los efectos producidos por la mediación del sistema penal frente a esas experiencias. En otras palabras, pone sobre la mesa los efectos materiales derivados de las definiciones esencialistas y universalizantes de género y de violencia que sustentan las intervenciones institucionales punitivistas.

Los feminismos jurídicos y la politización de la experiencia

La idea de la igualdad ha sido un escenario muy prolífero para la reflexión crítica de las relaciones de las mujeres con/en el derecho. Desde el siglo XVIII han existido en Europa discursos feministas acerca de la igualdad, el papel del Estado, la justicia, la libertad, la soberanía y la ciudadanía (Bodelón, 2009: 96). El pensamiento feminista desarrollado a la luz del principio de la igualdad ha considerado que el derecho es una herramienta capaz de traducir satisfactoriamente sus demandas y ha promovido reformas legales para conseguir la incorporación de la mujer al derecho y la ciudadanía.

Desde los años 70 del siglo XX, la teoría jurídica feminista ha insistido en marcar las relaciones entre el género y el derecho bajo la premisa de derrumbar los dogmas del empirismo (Harding, 1991), organizados a partir de dualismos dicotómicos que ordenan la realidad jerárquicamente, tanto en sentido descriptivo como normativo. Las críticas han apuntado al principio de igualdad formal y han promovido una reflexión acerca de las discriminaciones del derecho androcéntrico (Smart, 1998). La masculinidad del derecho ha sido fuertemente criticada, entre otras, por Catherine MacKinnon mediante la teoría de la dominación. MacKinnon señala que existe una experiencia común de dominación que hace a todas las mujeres sexualmente subordinadas (MacKinnon, 1995): la explotación organizada de su sexualidad para el disfrute de los varones es lo que define a la mujer, de forma que la diferencia hombre/mujer y la dinámica dominio/subordinación se definen mutuamente. Como señala Pitch, desde este enfoque la violencia es causa y producto de la desigualdad sexual y de la producción de las propias mujeres como mujeres (Pitch, 2014).

MacKinnon define jurídicamente esta situación como dominación sexista (MacKinnon, 1995) y señala que debe ser instrumentalizada para describir la verdadera experiencia de todas las mujeres. Frente a la alienación y la falsa conciencia que produce la dominación sexual, MacKinnon (1982; 1995) propone la toma de conciencia para revelar la verdad ocultada por la dominación masculina. La búsqueda de una verdad universal a través de la toma de conciencia colectiva le permite confiar en la emergencia de una mujer nueva que trascienda las determinaciones del sistema de dominación.

Esta propuesta epistemológica, en la que tanto la victimización como la dominación son el producto de un patriarcado ahistórico y homogéneamente opresivo, ha sido criticada por ofrecer una teorización esencialista, universalizante y totalitaria de la experiencia femenina como violencia (Mohanty, 1998; Mestre, 2006; Iglesias Skulj, 2013; Smart, 1998). De un lado, si lo que nos define como mujeres son las experiencias de dominación que compartimos, las mujeres solo pueden ser sujeto en la medida en que sean víctimas de eso que les sucede, de esa dominación. Por otro lado, hablar de las experiencias de las mujeres como si fueran unitarias asume que hay una experiencia común esencial y universal, ocultando que para poder comprender las experiencias han de ser contextualizadas, historizadas, interpretadas y teorizadas –identificadas y explicadas–. Es decir, hablar de las experiencias de las mujeres en abstracto supone privilegiar ciertas narrativas y ocultar tanto las diferencias como las disidencias dentro del grupo de las mujeres-víctimas. Como señala Catalina Trebisacce (2016), el establecimiento de “una matriz de inteligibilidad de las experiencias, resultado de una interpretación del funcionamiento de opresión de las mujeres que anticipa las experiencias posibles de ser reconocidas como tales y recorta otras que no consiguen siquiera ser visualizadas”, ha transmutado el sentido y valor político de la noción de experiencia y ha consolidado una epistemología opresiva para aquellas mujeres marginadas de la academia y de los espacios políticos del feminismo institucional.

Las críticas han señalado también el carácter paradojal de la incorporación de las experiencias de las mujeres al derecho. Por ejemplo, Tamar Pitch (2003) señala que la necesidad de visibilizar la especificidad de la violencia sexual y traducirla a una norma penal encontró su par en la definición esencialista de la violencia del feminismo radical, que afirma que la libertad sexual es la que disfrutan los (cis)varones mediante la dominación. Pero entonces, se pregunta Pitch, si nunca podemos hablar de libre consentimiento por parte de la mujer en las relaciones sexuales, ¿cuál podría ser la importancia de un derecho penal que como concepto de delito parta precisamente de la ausencia de consentimiento?

Por su parte, Maqueda (2007) afirma que el cambio del bien jurídico honestidad por el de la libertad sexual de la víctima en los códigos penales permitió ir más allá del acto sexual concreto realizado, tal como la literatura feminista venía postulando, pero se concretó dogmáticamente como ausencia de consentimiento. Así, la visión esencialista de la violencia que afirma que los abusos sexuales y las violaciones son expresiones de poder masculinas se tradujo penalmente en sexo forzado. Sin embargo, si este criterio (la falta de consentimiento) se institucionalizó no fue porque era un reclamo del movimiento feminista, sino fundamentalmente porque el Estado estimó que era una herramienta de mayor simplicidad probatoria en varios delitos (Maqueda, 2007), entre los cuales la trata sexual de mujeres resulta paradigmática (Iglesias Skulj, 2018; Varela, 2013, 2015).

La multiplicación de los feminismos y de sus reivindicaciones planteó desde la década del 90 del siglo pasado la necesidad de abandonar la producción de conocimientos globales o desarrollos teóricos universalistas y dedicarse a la construcción de otras epistemologías que pudieran ir desarticulando aquella experiencia que las criminalizaba, las exotizaba o las desconocía. De la multiplicidad de críticas a esta forma de politizar la experiencia femenina, las provenientes del feminismo negro estadounidense (Hill Collins, 2012) y del feminismo poscolonial, permite cuestionar la dinámica de los privilegios que silencia la experiencia de las otras inapropiadas/inapropiables. En efecto, la propuesta de la metodología interseccional (Crenshaw, 1991) y las críticas respecto de la colonialidad de los discursos del feminismo institucional exponen el carácter falaz de la experiencia y del conocimiento producido (Alexander y Mohanty, 2004; Lugones, 2003) y denuncian la perpetuación de los privilegios desde los cuales se siguen produciendo conocimientos e investigaciones (Spivak, 1988; Puwar, 2008).

El carácter productivo del feminismo punitivo

Si bien existe una pluralidad de análisis críticos al feminismo punitivo (Bodelón, 1998; Karam, 2015), las críticas ancladas en la categoría del derecho penal simbólico no han reparado suficientemente en el pasaje desde el lenguaje de la opresión hacia el de la victimización, y cómo este desplazamiento afecta a la cuestión de la responsabilidad y a la instrumentalización del estatus de la víctima. Este texto, además de tomar en cuenta los análisis críticos respecto de los procesos de criminalización en sentido amplio, quiere contribuir a la problematización de los criterios de selectividad respecto de qué experiencias pueden llegar a ser politizadas, así como los mecanismos que aseguran esa decisión. En este proceso no pueden permanecer ocultas las dinámicas estructurales ni los privilegios desde los que se enuncia lo politizable. Así, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué experiencias recogen las normas y las prácticas del sistema penal contra la violencia de género en el actual contexto neoliberal? Por ejemplo, cuando se define la violencia de género como algo que sucede por el hecho de ser mujer, habría que preguntarse cómo se construyen y operan los parámetros de feminidad, quiénes quedan fuera, o qué eventos quedan excluidos de esas definiciones y parámetros…, de tal forma que se evidenciara que el esencialismo actúa como una estrategia de ocultamiento de la situación de privilegio desde la que se despliegan esos procesos de categorización. La perspectiva interseccional no solo exige pensar de forma más compleja las relaciones entre el género y la violencia en el ámbito de la victimización, sino también visibilizar las relaciones de poder y de saber desde las cuales se interviene en la vida de las víctimas de la violencia (Crenshaw, 1991).

En ese sentido, las críticas al feminismo punitivo no deberían centrarse exclusivamente en confrontar las reformas penales con los postulados garantistas del Estado liberal de derecho, como tampoco sería deseable que se reciclaran ciertas estrategias de legitimación del poder punitivo en clave de género (como la proliferación de protocolos de buenas prácticas). Más bien, las críticas deben subrayar el carácter productivo de la criminalización como respuesta a las demandas del feminismo institucional y subrayar cómo una determinada perspectiva de género ha fijado nuevos objetivos y estrategias para gobernar a las cis y trans mujeres, y a la disidencia sexual y de género.

Aun teniendo en cuenta la transformación de las tecnologías punitivas actuales, que responden cada vez más a un control social continuo para gestionar la violencia (Bernstein, 2010; Bumiller, 2008; Faraldo Cabana, 2010; Re, 2008), la solución que ofrece la criminalización recorta el conflicto bajo una visión binómica e individualizante. Esta reducción, de un lado, tipifica las conductas más graves respecto de un hecho al que asigna un culpable y una víctima y, de otro, inserta la victimización en una trama de formas selectivas, colonizantes, misóginas y clasistas con las que funciona el sistema penal en términos materiales (Pereira de Andrade, 2005). Para ilustrar esta idea basta con repasar los discursos institucionales en torno a la trata sexual, incluido el del feminismo abolicionista. El discurso mayoritario, que confunde la trata con el tráfico, en especial cuando hablamos de fines de explotación sexual, centra el debate en la trata en tanto que forma extrema de violencia contra las mujeres y en reforzar el control de fronteras, así como en reforzar la lucha contra los grupos criminales responsables de la trata. Este relato considera que de un lado hay grupos criminales que pueden y deben ser desarticulados por las fuerzas de seguridad del Estado; de otro, mujeres víctimas desamparadas y, por último, otros actores (clientes, por ejemplo) que se benefician de esta situación sin apenas coste. Sin embargo, es evidente que si se conceptualiza la trata exclusivamente como violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, desaparecen del relato los efectos que las políticas migratorias y el control estatal tienen sobre la movilidad humana y las condiciones de esa movilidad. Como consecuencia de esa esencialización, la vulnerabilidad parece un atributo de las mujeres y no una consecuencia de la acción o inacción estatal o internacional (Mestre, 2019) 4/. De esta forma, el abolicionismo punitivo que insiste en criminalizar la industria del sexo propone la penal como mejor respuesta a un problema individualizado (víctima/victimario), descontextualizado de un sistema o contexto de opresión de las mujeres y otros colectivos, y proporciona legitimidad no solo a esa intervención penal individualizada, sino también al sistema de extranjería y de control de fronteras que produce abusos y violencia sobre mujeres racializadas y otros colectivos.

Precisamente cuando hablamos del carácter productivo del feminismo punitivista nos referimos a estas consecuencias derivadas de una concepción esencialista de las mujeres y de la violencia, que se desentiende de la responsabilidad estatal y de los sistemas de opresión que interactúan y explican la especificidad de la experiencia 5/. El sujeto-víctima perfecto (Kapur, 2002) que produce esa perspectiva se extiende a todas las formas de opresión que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Así, el pensamiento binómico y excluyente de la criminalización sitúa en el mismo plano el fundamento de la violencia y el de la victimización. Una definición esencialista de la violencia de género permite que sus causas se expliquen por el hecho de ser mujer y atribuye a la victimización las mismas características. Lamentablemente, la individualización de la experiencia de victimización abstraída completamente de las relaciones de poder en las que se produce ha influido en aquellos informes y documentos estatales e internacionales que insisten en que las medidas de prevención, protección y criminalización de la violencia de género deben articularse en función de un factor de riesgo: ser mujer (Toledo Vázquez, 2014: 49) 6/.

Obviamente son muchas las preguntas que quedan en el aire frente al devenir punitivista del feminismo… Sin embargo, sí sabemos que esta forma de problematización niega las relaciones históricas y contingentes entre lxs inapropiadas/inapropiables y el sistema penal y enmascara su inadecuación como respuesta a la experiencia de las cismujeres y las disidencias sexuales y de género frente a la violencia y discriminación. Un buen punto de partida para poder pensar colectivamente otras alternativas es asumir que la lógica punitiva actúa como una ocupación epistemológica que produce una gran dificultad para conceptualizar e imaginar la situación de las mujeres y de lxs inapropiadxs por fuera de la violencia heterocispatriarcal del Estado.

Si atendemos a las denuncias de muchos feminismos acerca de la invisibilización de ciertas experiencias, se puede transformar la manera en que pensamos las soluciones a los conflictos; debemos cuestionar la legitimidad de las intervenciones en clave cisheterosexual del sistema penal que oculta las relaciones de poder que se dan en el ámbito del control de lxs inapropiadas/inapropiables. El enfoque de la teoría de la dominación y de la experiencia como violencia ha contribuido al mantenimiento de las construcciones normativas y las prácticas con las que opera la racionalidad punitiva respecto de las (cis y trans) mujeres y transvarones, y contribuye al devenir punitivista del feminismo. Tal vez haya llegado la hora de distanciarnos de estas formas de pensar.

Agustina Iglesias Skulj es criminóloga y transfeminista

* Agradezco a Ruth M. Mestre i Mestre los comentarios realizados a una versión anterior de este texto.

Notas

1/ Al respecto vid. https://vientosur.info/spip.php?article15420

2/ El nuevo Gobierno ya ha anunciado una reforma del Código Penal en materia de violencia sexual (no es no), una ley contra la trata y una reforma de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Ojalá algunas de estas reflexiones sirvan para mejorar esos proyectos.

3/ Las reflexiones acerca del feminismo punitivo de Tamar Pitch son muy adecuadas porque indagan sobre la relación entre la creciente importancia del papel simbólico del derecho penal y el protagonismo creciente de la víctima para legitimar las demandas políticas del feminismo. Insiste Pitch en el distanciamiento significativo del campo semántico implicado en la noción de opresión, que remitía a condiciones materiales y estructurales, del de la victimización, que hace referencia a una situación simple, que transforma una historia colectiva en un hecho que atraviesa una biografía individual, legitimando nuevamente la asunción de un sujeto abstracto de derecho, que era una de las críticas principales contra el derecho androcéntrico (Pitch, 2003: 145 s). En el Estado español, E. Larrauri (2009) o Maisa Maqueda (2015) han realizado aportaciones similares.

4/ Para una crítica sobre el concepto de vulnerabilidad vid. Barrere (2016).

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