En los últimos meses se ha escrito multitud de balances del ciclo de gobiernos municipales del cambio en el Estado español entre 2015 y 2019. Especialmente una vez los resultados del 26 de mayo daban la experiencia por finiquitada con algunas excepciones (transmutadas respecto a 2015) como Barcelona o Cádiz. La mayoría de estas aproximaciones se ha hecho desde alguna de las sensibilidades que, al menos en el punto de partida de 2015, compartían estos instrumentos institucionales. En cambio son menos las reflexiones desde los movimientos o el sindicalismo social. Es fácil entender por qué, cuando los movimientos sociales aparecen como un ecosistema de pequeñas organizaciones sectoriales y territoriales formadas por activistas, atomizadas, por lo general débiles y exhaustas. No se puede hablar del movimiento como un actor político autónomo con una entidad propia conjunta, con programa perfilado y espacios de reflexión estratégica compartidos. Además, los dos grandes movimientos del momento, que son el feminismo y las movilizaciones contra la emergencia climática –hay que matizar que con mucha más capacidad de movilizar que de organizar–, se sitúan en unas coordenadas diferentes del ciclo del asalto institucional abierto en 2014-15 y heredero de las protestas del 15M y las Mareas. Se podría decir que estallaron, especialmente el ecologismo, cuando las condiciones de esa experiencia municipalista estaban bastante degradadas y orientadas a la gestión de lo existente. De todas formas, desde estos ámbitos también ha habido relaciones con los ayuntamientos del cambio (por ejemplo, en Madrid la renaturalización del río Manzanares o la agria confrontación en torno a la Operación Chamartín) y análisis de interés sobre lo sucedido los últimos cuatro años.

Tampoco el sindicalismo social es unívocamente un actor con voz propia. Más bien son una serie de prácticas y experiencias de autoorganización que tratan de repensar el apoyo mutuo y la acción colectiva dentro y fuera del ámbito laboral. Quizás la única organización social capaz de emitir su propia evaluación del ciclo, aunque centrada en su ámbito sectorial y con un foco particular en cada una de las experiencias locales, ha sido la Plataforma de Afectados y afectadas por la Hipoteca (PAH). Tampoco es extraño, porque la PAH es posiblemente la única organización masiva y estable que ha sobrevivido desde el ciclo de movilizaciones del 15M y las Mareas. Constatar la debilidad de la calle y cómo contrasta con las visiones más optimistas de qué impacto podía tener el cambio de gobiernos municipales en 2015 ya nos debería servir para hacernos una primera idea de cómo se ha saldado el ciclo desde una perspectiva de construcción de contrapoderes sociales.

En 2015, diversos sectores políticos y sociales llegaron a una tesis parecida, no siempre por el mismo camino. Fue lo que se popularizó como asalto institucional y tenía diversas declinaciones. La tesis general y compartida se podría resumir en que a través de conquistar posiciones institucionales se podían fortalecer las estructuras de autoorganización popular, dar una salida política a las movilizaciones pos-15M, que se encontraban bloqueadas por un Estado controlado por el bipartidismo, y hacer transformaciones sociales significativas. Pero coexistían diferentes enfoques que podemos simplificar en dos: algunos actores teorizaban la posibilidad de recuperar las instituciones a través de candidaturas ciudadanas que fueran más allá de las estructuras partidarias. En cambio, otros defendían una teoría del desborde popular de un proceso electoral-institucional. Es decir, las instituciones no son un ente recuperable ni neutro y la ruptura es imprescindible, pero construir una mayoría electoral y gobiernos populares podía agudizar contradicciones y hacer avanzar ideas de ruptura. El municipalismo alternativo catalán alrededor de la CUP, las CAV y otras experiencias llegó a conclusiones similares plasmadas en apuestas como el libro Soberanías. Una propuesta contra el capitalismo, que defiende un trabajo municipalista no centrado en la institución.

En el primer caso, el papel de los movimientos era concebido como acompañar al gobierno y empujar. Su capacidad de movilizar y marcar agenda tenía que hacer posibles las nuevas políticas desde la institución. Las candidaturas municipales debían abrir las instituciones a la participación democrática y de esa forma cambiarlas, ponerlas al servicio de la mayoría social y no de una minoría. En el segundo caso, las posiciones institucionales conquistadas debían estar al servicio de cambiar la correlación de fuerzas. Entre los sectores rupturistas, en una segunda fase, cuando ya se daba por constatada la deriva gobernista de la mayoría de las candidaturas municipales, se defendía la necesidad de una fuerza social autónoma capaz de ampliar lo posible para los gobiernos municipales y presionar sin ataduras. A partir de ese punto hay un cambio en la forma de entender la relación entre la institución y el movimiento. En un primer momento se concebían los gobiernos municipales como aliados. De hecho, se intentaba construir un partido movimiento con una misma estrategia y con un frente institucional. Después simplemente se les caracterizaba como una fuerza sin oposición frontal y débil frente a la que había que ser capaces de levantar un contrapoder.

Pablo Carmona, concejal de Ahora Madrid y miembro de la Fundación de los Comunes, resumía este cambio de tarea en 2017 en Diagonal: “De hecho, el programa de los movimientos a día de hoy –como programa de contrapoder– debe contemplar como punto central el superar la fase en la que se buscaba una mayor articulación de los movimientos con la institución, y obligarla desde la autonomía a llegar más lejos en términos democratizadores y programáticos, impidiendo en la medida de sus posibilidades que alumbre a una nueva clase política”.

Remunicipalizaciones: público, común, comunitario

Tanto en la fase de esperanzas en el partido movimiento como en la fase de construir una posición autónoma, uno de los retos del sindicalismo social que implicaba una relación con la institución era impulsar procesos de remunicipalización de servicios públicos. Previamente las Mareas ya luchaban contra la privatización y los conciertos público-privados. La exigencia de servicios públicos democráticos, de calidad y bajo control social posibilitó cruzar las barreras de lo laboral (sin dejar de lado las condiciones de trabajo del personal educativo, sanitario, etc.) e incluir en el conflicto a sectores (principalmente de las clases populares) que se relacionaban con estos servicios como usuarias. La remunicipalización permitía aunar la mejora de las condiciones laborales con la lucha contra la corrupción y el lucro de grandes empresas privadas y la democratización de lo público. También podía hacer posible el control social de bienes comunes imprescindibles como el agua, la energía o similares. En los enfoques más transformadores, se hablaba de la construcción de nuevos bienes comunes urbanos. Esta idea se expresaba en la tensión entre la democratización de las instituciones existentes o ser el embrión de nuevas instituciones en una lógica propiamente dicha de contrapoder.

Diversos sindicatos, organizaciones vecinales u otras organizaciones han tratado de aprovechar la ventana de oportunidad para impulsar la gestión directa de servicios ya sea con plataformas preexistentes, como en Madrid, con el impulso de luchas sindicales concretas como han hecho las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria en diversas ciudades, o con nuevas plataformas que trataban de sumar luchas y abrir nuevos frentes. En Barcelona ha habido diferentes conflictos como el de BTV (con gran parte de su recorrido legal a través de denuncias del comité de empresa por cesión ilegal) y la CGT se ha implicado en la plataforma Municipalitzem Barcelona. Esta herramienta ponía en el centro los puestos de trabajo públicos y la equiparación de condiciones que supondría acceder a ellos para las más de 30.000 personas trabajadoras de servicios (ni siquiera el ayuntamiento conoce el número exacto) externalizados o privatizados. En algunos sectores, como la ya mencionada atención domiciliaria o parte de servicios sociales (en manos de Clece), ha habido un conflicto sostenido para exigir la internalización. Sin embargo, no hemos visto en ninguna ciudad una lucha generalizada de los trabajadores y trabajadoras de las contratas. Incluso en ocasiones, el esfuerzo de coacción de las empresas con la amenaza de perder el trabajo si el servicio pasa a ser gestionado de forma directa ha surgido efecto. Este es el caso de Aguas de Barcelona, donde el comité de empresa se posicionó por unanimidad contra la municipalización del agua.

La Plataforma por la Remunicipalización y la gestión de los servicios públicos en Madrid ha publicado un informe de ámbito estatal que, si bien incluye municipalizaciones desde el año 2000, pone el foco especialmente en el periodo 2015-2019, porque hubo candidaturas que en palabras textuales del informe en “municipios como Zaragoza, Madrid, Barcelona, Cádiz, Valencia, Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol y otros municipios de menor envergadura técnica y burocrática formaron gobierno con la intención de recuperar la gestión de los servicios públicos en sus programas electorales”. El balance es por lo general pobre y marcado por las constricciones legales del Gobierno del Partido Popular a través de la conocida como Ley Montoro. Recoge casos como el servicio de socorrismo y limpieza de arena en Cádiz que supuso una larga batalla contra esos impedimentos legales. En Barcelona nombra el circuito de atención a mujeres, las oficinas de atención a la vivienda, otros servicios parcialmente municipalizados y la creación de la generadora y comercializadora pública de electricidad Barcelona Energía, contra la que recurrieron las grandes empresas del oligopolio. En Madrid, el servicio de bicicletas, los servicios funerarios o el Teleférico. Cabe destacar la renuncia del ayuntamiento de Carmena a remunicipalizar la recogida de basuras pese a figurar en el programa de Ahora Madrid. El año después de la licitación del servicio (que acabó de nuevo en manos de empresas como Acciona, FCC o OHL) se produjo la huelga indefinida en esta área por las pésimas condiciones laborales.

Los ayuntamientos se han visto enfrascados en un laberinto burocrático y de presión de las concesionarias para tirar adelante las municipalizaciones que llevaban en su programa. De hecho, muchas de estas municipalizaciones estrella no se han producido finalmente, como el agua en el Área Metropolitana de Barcelona donde continúa la disputa con Agbar-Suez y La Caixa. Aún en menos ocasiones una exigencia desde fuera de la institución y liderada por las propias plantillas precarizadas de los servicios municipales externalizados ha salido adelante con el apoyo de las fuerzas del cambio en posiciones de gobierno. Desde fuera de la institución, las candidaturas municipales raramente se han implicado en construir movimientos fuertes contra el gobierno central y las empresas que dominan las ciudades. Esta estrategia quizás habría reducido el ahogamiento de los equipos de gobierno para avanzar. Curiosamente, una de las experiencias más interesantes de conflicto por la remunicipalización ha sido en Terrassa, gobernada por el Partido Socialista en esa legislatura. El proceso de lucha por la recuperación de la gestión pública del agua ha estado liderado por un organismo externo al ayuntamiento (la Taula de l»Aigua) y las diferentes presiones de la oligarquía local se han sorteado a través de una estrategia de movilización. Además, la Taula ha planteado un modelo de gestión del recurso democrático y que trata de repensar lo público.

Entre el palo y la zanahoria

A lo largo de la legislatura 2015-2019, las lógicas de relación entre el sindicalismo social y las instituciones que se han establecido en las diferentes ciudades han sido diversas e incluso antagónicas. Ha habido prácticas claramente de sustitución. El ejemplo más gráfico sería el de municipios donde figuras de la PAH u otras organizaciones por el derecho a la vivienda han entrado a formar parte del gobierno municipal con las competencias de vivienda. Algunos ayuntamientos han tratado de neutralizar totalmente el conflicto a través de mediaciones u otros servicios y cubrir las funciones que hasta 2015 hacían los colectivos. Esta fórmula por lo general ha sido desastrosa porque, además de los inconvenientes obvios de desmovilización social, la administración municipal no tiene prácticamente competencias para forzar a nada a los grandes tenedores de vivienda, así que queda a merced de su –inexistente– buena voluntad.

Otro tipo de relación ha sido lo que podríamos llamar colaboración seudoclientelar. La administración facilitaba visibilidad, recursos o información a las organizaciones sociales únicamente en caso que desde la agenda de la institución y la candidatura municipal fuera percibido como positivo que hubiera presión. También se podría encajar en esta tipología la práctica extendida de tratar de convertir a las organizaciones de sindicalismo social en un apéndice de la administración. Por ejemplo, cuando desde servicios sociales se redirigen familias en exclusión residencial, a las que no pueden dar ningún tipo de solución, hacia la PAH o la asamblea de vivienda más cercana. Es decir, se pretende que los colectivos hagan el trabajo que la administración no puede o no está dispuesta a hacer, aunque sea su obligación.

En algunas ocasiones ha existido colaboración virtuosa. Gobiernos municipales que han facilitado a las organizaciones sociales el acceso a la visibilidad y los recursos con respeto a su autonomía o que asumen las críticas de estas organizaciones y, al menos, tratan de darles salida política en su acción de gobierno. También se podría hablar de la apuesta por la gestión público-comunitaria de algunos espacios como una forma de fomentar la autoorganización y socializar pequeñas parcelas de poder. Este aspecto ha sido desarrollado por Judit Font, Helena Ojeda y Xavi Urbano en diversos artículos. Algunas experiencias de economía social y solidaria impulsadas desde los municipios como Diom Coop o Alen Coop en Barcelona podrían generar dudas sobre si es una colaboración que refuerza el movimiento a través de puestos de trabajo dignos, o bien coopta desde la institución y desactiva el conflicto.

Por último, se han dado situaciones de enfrentamiento directo y, en ocasiones, descarnado. Hemos visto ayuntamientos criminalizar y reprimir a organizaciones. Por ejemplo, Manuela Carmena en Madrid contra la ocupación o en Barcelona las constantes intervenciones de la Guardia Urbana contra el Sindicato de Manteros. De la misma forma, organizaciones sociales que han considerado que los supuestos ayuntamientos del cambio no hacían suficiente o incluso colaboraban con los poderosos (ya hemos mencionado antes la Operación Chamartín). Esta situación conflictiva en un momento u otro se ha dado en todas partes en torno a la vivienda. También se ha producido una animadversión mutua y manifiesta, como en los conflictos en la empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que salpicaron toda la legislatura en Barcelona.

En la práctica, la sustitución, la colaboración virtuosa o clientelar y el enfrentamiento se han combinado en todas las ciudades y frentes sociales y únicamente sirven como modelos teóricos para reflexionar sobre qué relación existe. En ninguna ciudad hemos visto una estrategia solo de represión contra los movimientos sociales ni tampoco de cooptarlos totalmente como forma de amortiguar el conflicto. Sin embargo, han sido tendencias existentes en todas partes y que el sindicalismo social ha tenido que contrarrestar.

La vivienda como banco de pruebas

La vivienda es uno de los ámbitos que mejor permite hacer un balance de los conflictos entre sindicalismo social e institución y de los logros en la construcción de contrapoder. Primero, por el propio desarrollo del movimiento y su capilaridad territorial, bastante por encima de otros conflictos sociales. Además, es uno de los frentes de lucha donde la actuación municipal más ha moldeado las prácticas de sindicalismo social. ¿Por qué? Porque un protocolo de actuación municipal u otro cambia la forma de enfrentar los desahucios a los que, por desgracia, los colectivos dedican una parte enorme de su tiempo y esfuerzos. Los recursos institucionales que se han destinado (o no) a pararlos o a realojar a familias desahuciadas provocan que las organizaciones del movimiento por el derecho a una vivienda digna tengan que adaptarse.

Por ejemplo, en Barcelona la actuación del Servicio de Intervención en Situaciones de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO, por sus siglas en catalán) modifica la interacción con la comitiva judicial y los Mossos de Esquadra y en ocasiones consigue alargar los plazos de ejecución de los lanzamientos o suspender el intento sin tener que convocar en la puerta de la familia afectada. Este tiempo y fuerzas que se ahorran en lo más urgente deberían poder dirigirse hacia lo importante: fortalecer el conflicto con los especuladores y aumentar su escala. El gran reto del movimiento por la vivienda es dejar de responder aturdido a los golpes que recibe para poder tener iniciativa política y pasar a la ofensiva.

También cambia la realidad de la asamblea de la PAH, el sindicato o colectivo de vivienda según el grado de beligerancia de la administración municipal con las acciones del movimiento, como la ocupación de sedes de bancos, fondos y empresas inmobiliarias. No es lo mismo tener que estar constantemente defendiéndose de identificaciones, multas y denuncias que no tener que hacerlo. De la misma forma, transforma las tareas que el colectivo tiene que asumir como propias que el ayuntamiento en cuestión realoje a las familias en riesgo de desahucio o ya desahuciadas o no lo haga. Es importante cuántos recursos destina a estos realojos, con qué criterios se asignan, qué lista de espera existe o si son únicamente realojos de emergencia y corta duración. En Barcelona existe ahora una campaña unitaria que exige realojos dignos para centenares de familias que han pasado por un desahucio y se encuentran en situación de extrema precariedad, ya sea en pensiones o buscándose la vida como pueden.

El problema principal de las políticas municipales de vivienda, incluso en los lugares donde ha existido mayor voluntad institucional de combatir la emergencia habitacional, es que son básicamente parches. Estas medidas expresan los límites generales del municipalismo: una política de gestión. El tipo de políticas ha consistido en pagar facturas atrasadas desde la administración para evitar desahucios por impago o gastar decenas de miles de euros absurdamente en pensiones donde viven en malas condiciones familias enteras. Son medidas que taponan, de forma insuficiente, la emergencia social pero no restan poder a las fuerzas capitalistas que dominan la ciudad. No limitan el poder de los propietarios, no revierten la escalada de precios, no garantizan derechos para quien alquila o quien ocupa y tampoco amplían el parque de vivienda pública.

Por su parte, desde el sindicalismo social existen dificultades para construir una posición de contrapoder. Es decir, ser capaces de combatir a los rentistas y tener mecanismos para hacer del derecho a la vivienda una realidad sin depender de la administración. En muchas ocasiones es más fácil movilizarse para exigir que el ayuntamiento solucione una expulsión de vecinos o exigirle respuestas para aquellas personas ya desahuciadas que construir una posición de fuerza frente a la propiedad que ataje o al menos dificulte las dinámicas especulativas. En lugar de construir conflictos contra el capital y arrancarle esferas de control y dominio se acaba ejerciendo solo de lobby hacia la administración. Obviamente conseguir que el ayuntamiento se posicione con los vecinos contra un banco o un fondo buitre es útil para acumular legitimidad social, pero no merma el poder de ese banco, fondo o propietario en general. Esto no quiere decir que no haya que exigir políticas a favor del derecho a la vivienda a todas las administraciones o presionar para cambiar leyes, pero quizás no debería ser el centro de la actividad.

En cambio existen experiencias como las de la Obra Social de la PAH que tratan de profundizar en la autotutela de derechos y forzar a los grandes tenedores a regularizar alquileres sociales desde una posición de fuerza. En algunas ciudades, como Manresa (sin un gobierno afín) o Sabadell, las PAHC han conseguido generar un parque autogestionado considerable, aunque obviamente insuficiente para resolver la emergencia habitacional y menos aún para sacar la vivienda del mercado, que es el objetivo de fondo del movimiento. Las recuperaciones de vivienda se ven constreñidas en muchas ocasiones a una táctica defensiva. Una respuesta inmediata para conseguir un techo sujeta a mucha precariedad y cada vez a más impedimentos por parte de los grandes propietarios que perfeccionan la manera de evitar que se produzcan. Sin embargo, dentro de una estrategia de movilización política y autoorganización sí han demostrado ser una herramienta de presión efectiva, que además visibiliza el problema, hace avanzar en el sentido común consignas como gente sin casa, casas sin gente y aumenta la autoconfianza de las clases populares en poder resolver sus necesidades por sus propios medios.

En esta legislatura 2019-2023 han caído gran parte de los gobiernos municipales sobre el papel afines y esto es una desventaja para desplegar un programa transformador que no se puede negar. Sin embargo, el sindicalismo social tiene oportunidades y retos por delante. Todo apunta a que la crisis capitalista se va a recrudecer sin que la clase trabajadora haya sacudido las consecuencias de la larga depresión iniciada en 2008 y de las derrotas políticas que le fueron infligidas por las élites en la definición de qué salida a la crisis se tenía que producir. Ahora las condiciones de partida para un nuevo choque son aún peores y el Estado del bienestar está más mermado. Ante este escenario hacen falta herramientas más fuertes, masivas y maduras. Por lo tanto, el sindicalismo social tiene que aprender de la experiencia de esta década de crisis, sintetizar las principales lecciones y generalizar aquellas formas de autoorganización que se han mostrado efectivas a escala local para generar contrapoderes.

Oscar Blanco es periodista, activista por el derecho a la vivienda y militante anticapitalista

Referencias

Carmona, Pablo (2017) “Sindicalismo social en la nueva fase del ciclo institucional”. Diagonal, 11 de enero. Accesible en https://www.diagonalperiodico.net/blogs/funda/sindicalismo-social-la-nueva-fase-del-ciclo-institucional.html

Font, J.; Ojeda, H. y Urbano, P. (2015) “La gestió comunitària dins l»economia social i solidària”. Nativa, 3 de marzo. Accesible en https://nativa.cat/2015/03/la-gestio-comunitaria-dins-leconomia-social-i-solidaria/

Plataforma por la Municipalización de Madrid (2019) Balance estatal sobre remunicipalizaciones 2000-2019. Madrid. Autoedición. Accesible en: http://municipalizarmad.blogspot.com/2019/05/informe-de-remunicipalizaciones-ano.html

VV.AA. (2018) Soberanías. Una propuesta contra el capitalismo. Barcelona. Zambra-Baladre.